Audiencia

Todos tenemos claro qué significa tener un título oficial. Sabemos cómo se obtiene y para qué capacita, así como los derechos y responsabilidades que conlleva.
Cuando a pruebas periciales nos referimos, el título universitario garantiza, o debe garantizar, que se dispone de los recursos y conocimientos para llevar a cabo adecuadamente el análisis y posterior dictamen respecto a la materia de que se trate. El aval de los Colegios Oficiales y, en el caso de necesitarlo, la intervención de las Comisiones Deontológicas refrendan definitivamente la validez objetiva de dichas periciales.
No podemos, sin embargo, asegurar que una licenciatura proporcione, necesariamente, la buena praxis. El factor humano sería otro tema a tratar que nos alejaría del objeto de éste.
Lo que en este momento nos ocupa es el segundo párrafo del Art. 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando aborda las condiciones de los peritos y apunta que “…Si se tratase de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”. Después, en el punto 2 amplía la posibilidad de acudir a academias, instituciones culturales o científicas, aunque por ellas se podría haber empezado, para ir descartando al designado de mayor a menor.
Cierto es que en ocasiones el juez necesita información o valoración acerca de circunstancias excepcionales no contempladas en el temario de ninguna disciplina académica, viéndose obligado a recurrir, a veces tras ardua búsqueda, al consejo u opinión de quien dice conocer de la materia.
Entre un extremo y otro existen diversas disciplinas que han llegado a erigirse en auténticas profesiones, con tal nivel de exigencia en cuanto a conocimientos y habilidades que actualmente proporcionan una actividad pericial continuada e imprescindible en determinados tipos de procedimiento.
Se trata, en la mayoría de los casos, de ramas especializadas de títulos superiores, que con el tiempo adquieren vida propia, llegando a desvincularse de su origen cuando abarcan por sí solas suficiente campo de actuación.
Y para que esto sea así, el primer requisito está en la garantía de la formación que ha de ampliar los nuevos conocimientos ya fuera del sistema educativo oficial.
¿Quién establece las reglas o preceptos?
¿A qué normativa debemos referirnos cuando nos informamos de la viabilidad y/o la validez de los diplomas o certificados emitidos?
¿Cómo se diferencia a un perito no oficial con formación académica de un espontáneo que dice saber?
Y si efectivamente dispone de diplomas o acreditaciones ¿Qué avala una documentación que también un espontáneo puede emitir?

Si la ley sólo se refiere a “personas entendidas” como posibles peritos, la puerta está abierta. Podrán atravesarla los que sigan formación adecuada y los que no.
Nuestro campo de especialización, y de él podemos hablar, es el de la Grafística. Somos Diplomados en Peritaciones Caligráficas y Documentoscopia y hemos tenido que formarnos con severidad y practicar pacientemente durante años para considerarnos expertos en el tema.
Desde 1983 estamos formando profesionales que cada día ejercen su cargo en los Tribunales de Justicia, emitiendo informes cuya función es ofrecer al juzgador datos suficientes y convincentes, como para disipar una duda respecto a un dilema que, éste por sí solo, no puede resolver por tratarse de materias que no domina.
La responsabilidad, por tanto, del perito no puede trivializarse protegida por esa puerta falsa que supone la tranquilidad (para quien pueda tenerla) de que, en definitiva, la prueba no es vinculante. Escudarse tras este argumento para vanalizar o liberar de responsabilidad la función del perito es una estafa. Suponer, que en última instancia, es el juez quien decide según “las reglas de su sana crítica” alivia al estafador e inquieta al profesional. Posiblemente ésta sea la segunda circunstancia que les diferencia.
Precisamente nuestra especialidad es de las más desprotegidas. Anima en ocasiones al curioso, al descomprometido, al que ve fácil elaborar un dictamen en el que, al fin y al cabo, sólo hay dos posibles conclusiones: la firma es falsa o es auténtica. Y si hay dudas … pues siempre se puede decir que es auténtica pero distinta. No debemos extendernos en esta barbaridad.
No podemos evitar que atraviesen la puerta quienes no están preparados para ello … pero sí que se instauren desacreditando al resto, y lo que es peor, desprotegiendo en su derecho a la prueba a las partes que la requieran.
La exigencia respecto a la calidad de la prueba debe ser contundente. Si un informe pericial tiene unos requisitos, que se cumplan.
El informe debe ser técnico pero inteligible, con lenguaje apropiado pero accesible para el profano. Debe ser concreto, dando respuesta exacta a las cuestiones planteadas y de forma absoluta a todas ellas.
Se valorará que sea conciso, breve y suficiente; demostrativo y convincente; gráfico y detallado, invitando sin mayor dificultad a su lectura.
Debe transmitir seguridad y afianzamiento en su discurso y realismo en sus conclusiones, que sin duda, se expresarán como deducción fundamentada en el análisis, la ciencia y la experiencia, pero no en la certeza, puesto que el perito nunca fue testigo.
Pocas dudas suscitará un informe que se desarrolle de esta forma, pero no debe desaprovecharse la oportunidad que brinda el Art. 346 de la L.E.C., de pedir aclaraciones y contrastar de forma definitiva sus conclusiones. Será la última oportunidad para constatar y reafirmar la ética y la profesionalidad de quien la tiene, la validez de su trabajo y su consecuente utilidad en el procedimiento.
Peritos oficiales y no oficiales tienen en común una función, unos requisitos técnicos y personales, y un compromiso con la verdad.
Quienes han optado por la pericia (léase habilidad, destreza, conocimiento) como una profesión valorable deben exigir que se les exija, como garantía de su actuación y como protección contra espontáneos.

Mª Teresa García Navarrete
Directora del Instituto IDAUMA